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Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.
En algunas ocasiones en esta etapa los reclamados consienten en su extradición y se agiliza su entrega.
R: Si una persona se niega a ser extraditada, el gobierno del país que solicita la extradición puede presentar una solicitud formal para que se le obligue a comparecer ante un tribunal.
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
Una vez que se recibe la solicitud de extradición, la SRE revisa la documentación y determina si cumple con los requisitos necesarios para proceder con el proceso. Si se determina que la solicitud es procedente, la PGR se encarga de llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.
Si la resolución definitiva es CONCEDIDA, la extradición es notificada por las autoridades del Estado requerido a las autoridades de México, por lo que se inicia la coordinación para el traslado del extraditable a territorio nacional.
El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Extradición México Irlanda Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla normal goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
En algunos casos, los países pueden tener acuerdos informales o prácticas de extradición que permiten la have a peek at this web-site entrega de personas buscadas por la justicia. Sin embargo, estos acuerdos pueden ser menos efectivos que los tratados de extradición formales y pueden variar de un caso a otro.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de navigate here obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de extradición.
La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.
Las relaciones bilaterales entre los dos países se han caracterizado por su respeto, amistad y franqueza. Se han ampliado y fortalecido en gran medida gracias a la voluntad política de los gobiernos de los dos países.
Asimismo, es de destacar el quehacer de la Interpol en la persecución, detención y traslado de delincuentes, y el cada vez mayor número de convenciones internacionales en materia penal que han sido suscritas con el fin de reforzar y ampliar la lucha contra la delincuencia internacional.
Los países pueden tomar medidas como emitir órdenes de captura internacionales, cooperar con otros países para llevar a cabo investigaciones conjuntas y aplicar sanciones económicas y políticas a los países que no cooperan en la lucha contra el crimen.